LOS DEMONIOS DE LA INGOBERNABILIDAD
Isidoro Yescas (IISUABJO)
La crisis de gobernabilidad que hoy vive el estado de Oaxaca solo tiene como el precedente mas cercano la movilización popular-estudiantil de 1977 que precipitó la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino el 3 de marzo de ese año. Entonces los actores principales fueron estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) vinculados a poderosas organizaciones populares como la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo.
Hoy , la principal base de sustentación del movimiento que demanda la separación del cargo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz son los maestros de la sección 22 del SNTE y la militancia de organizaciones sociales, indígenas y sindicatos agrupados en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
El movimiento de hace 29 años tuvo su origen en el rechazo y fobia del gobernador Manuel Zárate Aquino hacia el movimiento estudiantil que se había gestado desde diciembre de 1975 en la UABJO y en su política de mano dura ejercida en contra de organizaciones sindicales y campesinas independientes.
Hoy, el fracaso de Ulises Ruiz para resolver en tiempo y forma las demandas económicas y políticas del magisterio oaxaqueño y su apuesta equivocada por la represión, han desatado a los demonios de la ingobernabilidad que lo mismo se han expresado en el sinfín de protestas callejeras , algunas de ellas con evidentes huellas de provocación y vandalismo, que en la movilización de miles de ciudadanos y organizaciones cívicas, religiosas y comunitarias que han encontrado en este movimiento la oportunidad para cobrar todo tipo de agravios, pero fundamentalmente de carácter social y político-electoral cometidos en los tres últimos sexenios por gobernantes soberbios, autoritarios y corruptos. Pero, a río revuelto, también han asomado en el conflicto los rostros y las manos de otros actores vinculados lo mismo a grupos de poder del priísmo nacional y estatal que a intereses transexenales de exgobernadores, dirigentes partidistas y funcionarios del propio gabinete ulicista que aspiran, a trasmano, a cubrir un eventual y apetecible interinato de 4 años.
No menos nocivo ha resultado también la errónea política seguida por el gobierno federal para asumir oportunamente sus responsabilidades y que ahora se muestra débil e indeciso para restaurar la gobernabilidad perdida.
Los cientos de barricadas, el secuestro e incendio de autobuses urbanos, la invasión masiva de oficinas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial , la toma de radiodifusoras y los tribunales populares instaurados para hacerse justicia por propia mano han rebasado con mucho los métodos de lucha que a lo largo de 25 años habían instrumentado con notable éxito los maestros de la sección 22 del SNTE para lograr la satisfacción de sus demandas económicas, laborales y políticas.
Atrás quedaron los campamentos masivos instalados lo mismo en la ciudad de Oaxaca que en la ciudad de México, las caminatas multitudinarias a la misma ciudad capital, las manifestaciones silenciosas y los bloqueos de carreteras que casi siempre acompañaron los paros de labores docentes y administrativas que de manera prácticamente ininterrumpida y con saldos blancos llevaron a cabo desde 1980, año en que se rebelaron en contra de Vanguardia Revolucionaria –grupo hegemónico en el SNTE dirigido por Carlos Jongitud Barrios- para exigir aumento de salarios y la democratización de su sección sindical.
Hoy, después de 25 largos años, por vez primera el movimiento magisterial decidió compartir el mando con sus aliados y con ésta determinación selló un compromiso que se ha traducido no solamente en una modificación sustancial en sus estrategias y tácticas de lucha sino en un reordenamiento de sus demandas y prioridades gremiales para dar paso a una sola: la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
A través de la APPO el magisterio, ciertamente, se reposicionó en grado superlativo después de los violentos sucesos del 14 de junio, al cobrar forma un frente popular que desde el Primer Congreso Político de la sección 22 del SNTE celebrado en los primeros días de abril ya se había anticipado como necesario para enjuiciar al gobierno de Ulises Ruiz y exigir la cabeza de su Secretario General, Jorge Franco Vargas.
En estricto sentido, fue en dicho Congreso en donde se empezaron a pactar los acuerdos y estrategias encaminadas no solamente a vincular orgánicamente al movimiento magisterial con las primeras organizaciones que luego fundaron y tomar el control de la APPO, sino también para exigir las cabezas de algunos funcionarios del gobierno del estado y la del mismo Ulises Ruiz Ortiz.
Pero si los duros de la APPO y del movimiento magisterial pudieron rápidamente tomar el control de la nave no fue precisamente por su fuerza numérica ni por el consenso de los grupos y sectores movilizados, sino por las propias torpezas del gobierno del estado y la pasividad del gobierno federal.
Desde el flanco local se ha apostado desde un principio a la derrota del movimiento a través de múltiples medios: desde las millonarias campañas de prensa para confundir y desprestigiar a los líderes del movimiento, o usando al congreso local con un doble propósito: como punta de lanza para atraer a su causa a líderes de la mayoría de los organismos empresariales (que en buena medida son también sus proveedores mas favorecidos) y autoridades municipales priístas, y para proyectar la imagen de un gobierno demócrata mediante la aprobación de iniciativas de ley -como la de transparencia y la electoral- que antaño lo habían reclamado como urgentes organizaciones no gubernamentales.
Y, para variar, no faltó, ni ha faltado, el recurso de la violencia y la provocación expresada lo mismo en el montaje de acciones espectaculares presuntamente llevadas a cabo por grupos guerrilleros, que en el financiamiento y organización de comandos armados para agredir a los opositores .Pese a ello tanto en declaraciones a los medios nacionales y locales como en documentos públicos el gobernador ha utilizado mas el lenguaje del diálogo y la negociación que el de la ruptura o la represión, como parte de una estrategia mediática dirigida a ofrecer la imagen de un estado en completa calma y un gobierno que no ha interrumpido su compromiso de trabajo con los oaxaqueños.
Sin embargo en el terreno de los hechos se ha recurrido a otro expediente. Así, a las provocaciones y beligerancia de las llamadas Brigadas Móviles, eufemismo que esconde la presencia de grupos de choque de la APPO y el magisterio,el gobierno del estado ha respondido con un esquema similar operando en la clandestinidad a grupos armados que lo mismo se han dedicado a amedrentar y balacear a maestros, colonos y a los jóvenes lumpen que resguardan los cientos de barricadas que se instalan por las noches en la ciudad capital, que a crear de la noche a la mañana guerrillas fashion como la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, o la Organización Revolucionaria Armada del Pueblo de Oaxaca (ORAPO), que se atribuyó la colocación de explosivos –casi a plena luz del día- en tres sucursales bancarias.
Tardíamente, pues solo empezó intervenir semanas después de las elecciones federales del 2 de julio, el gobierno federal ha jugado con todas las fórmulas posibles y probables de presión y negociación para intentar , por un lado, evitar que se rompan los compromisos post-electorales pactados entre el PAN y el PRI y, por el otro, jugando alternativamente con las cartas de la intervención de la fuerza pública federal o una negociación que ponga por delante un paquete de reformas estructurales para el estado de Oaxaca.
Paralelamente ha dado respuesta a la demanda de rezonificación salarial y a todo el pliego petitorio presentado en el mes de mayo por la sección 22 del SNTE con la esperanza de alentar el levantamiento de su paro de labores.
Hasta ahora, todas las reuniones de trabajo celebradas en la Secretaría de Gobernación han arrojado solo promesas y compromisos incumplidos por la dirigencia opositora, atrapada en el asambleísmo y sujeto a una dinámica del todo o nada.
Emplazado como está a no ceder ni un ápice en la demanda central que desde hace ya cinco meses ha exigido en las calles , en foros nacionales e internacionales, en los medios de información y ante la Cámara de Senadores, el movimiento magisterial-popular se encuentra ya, irremediablemente, en una ruta sin retorno. Porque ya no se trata únicamente de volver a derrotar a Ulises Ruiz y a su partido,tal como ocurrió en las elecciones federales del 2 de julio, sino de pasear su cabeza por las siete regiones de Oaxaca para estar en condiciones de constituirse como una fuerza social y política hegemónica para así apuntalar todos sus proyectos políticos y sociales de corto y mediano plazo, incluyendo la redefinición de las reglas del juego no escritas con un eventual gobierno interino. Lo contrario significará exponerse a todo tipo de riesgos, incluyendo la propia libertad de sus dirigentes, aun cuando en una salida negociada las fórmulas revanchistas o persecutorias tendrían necesariamente que quedar archivadas.
Lo cierto es que la gran mayoría de los oaxaqueños (y los mexicanos) exigen ya una solución política e institucional a un conflicto que está a punto de provocar la pérdida del ciclo escolar, que tiene colapsada la economía de la ciudad capital y que, además, se ha constituido en un factor de discordia, odio clasista y de ruptura de mitos y viejos ordenamientos institucionales.
En tales condiciones,y aun cuando el Senado finalmente rechazó la desaparición de poderes, esto no significa de ninguna manera que el conflicto ya está resuelto pues es un hecho que mientras URO permanezca en la gubernatura cualquier solución que se pretenda impulsar desde el gobierno federal se topará con la resistencia no solamente de los duros de la APPO y del magisterio, sino de importantes sectores del pueblo de Oaxaca , aun de aquellos que han rechazado y condenado algunos de los métodos de lucha de los grupos movilizados , pues prácticamente todos coinciden que el cambio y la transformación política debe iniciarse con una reestructuración del poder ejecutivo.
Al tiempo.
Octubre 22 de 2006
La crisis de gobernabilidad que hoy vive el estado de Oaxaca solo tiene como el precedente mas cercano la movilización popular-estudiantil de 1977 que precipitó la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino el 3 de marzo de ese año. Entonces los actores principales fueron estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) vinculados a poderosas organizaciones populares como la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo.
Hoy , la principal base de sustentación del movimiento que demanda la separación del cargo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz son los maestros de la sección 22 del SNTE y la militancia de organizaciones sociales, indígenas y sindicatos agrupados en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
El movimiento de hace 29 años tuvo su origen en el rechazo y fobia del gobernador Manuel Zárate Aquino hacia el movimiento estudiantil que se había gestado desde diciembre de 1975 en la UABJO y en su política de mano dura ejercida en contra de organizaciones sindicales y campesinas independientes.
Hoy, el fracaso de Ulises Ruiz para resolver en tiempo y forma las demandas económicas y políticas del magisterio oaxaqueño y su apuesta equivocada por la represión, han desatado a los demonios de la ingobernabilidad que lo mismo se han expresado en el sinfín de protestas callejeras , algunas de ellas con evidentes huellas de provocación y vandalismo, que en la movilización de miles de ciudadanos y organizaciones cívicas, religiosas y comunitarias que han encontrado en este movimiento la oportunidad para cobrar todo tipo de agravios, pero fundamentalmente de carácter social y político-electoral cometidos en los tres últimos sexenios por gobernantes soberbios, autoritarios y corruptos. Pero, a río revuelto, también han asomado en el conflicto los rostros y las manos de otros actores vinculados lo mismo a grupos de poder del priísmo nacional y estatal que a intereses transexenales de exgobernadores, dirigentes partidistas y funcionarios del propio gabinete ulicista que aspiran, a trasmano, a cubrir un eventual y apetecible interinato de 4 años.
No menos nocivo ha resultado también la errónea política seguida por el gobierno federal para asumir oportunamente sus responsabilidades y que ahora se muestra débil e indeciso para restaurar la gobernabilidad perdida.
Los cientos de barricadas, el secuestro e incendio de autobuses urbanos, la invasión masiva de oficinas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial , la toma de radiodifusoras y los tribunales populares instaurados para hacerse justicia por propia mano han rebasado con mucho los métodos de lucha que a lo largo de 25 años habían instrumentado con notable éxito los maestros de la sección 22 del SNTE para lograr la satisfacción de sus demandas económicas, laborales y políticas.
Atrás quedaron los campamentos masivos instalados lo mismo en la ciudad de Oaxaca que en la ciudad de México, las caminatas multitudinarias a la misma ciudad capital, las manifestaciones silenciosas y los bloqueos de carreteras que casi siempre acompañaron los paros de labores docentes y administrativas que de manera prácticamente ininterrumpida y con saldos blancos llevaron a cabo desde 1980, año en que se rebelaron en contra de Vanguardia Revolucionaria –grupo hegemónico en el SNTE dirigido por Carlos Jongitud Barrios- para exigir aumento de salarios y la democratización de su sección sindical.
Hoy, después de 25 largos años, por vez primera el movimiento magisterial decidió compartir el mando con sus aliados y con ésta determinación selló un compromiso que se ha traducido no solamente en una modificación sustancial en sus estrategias y tácticas de lucha sino en un reordenamiento de sus demandas y prioridades gremiales para dar paso a una sola: la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
A través de la APPO el magisterio, ciertamente, se reposicionó en grado superlativo después de los violentos sucesos del 14 de junio, al cobrar forma un frente popular que desde el Primer Congreso Político de la sección 22 del SNTE celebrado en los primeros días de abril ya se había anticipado como necesario para enjuiciar al gobierno de Ulises Ruiz y exigir la cabeza de su Secretario General, Jorge Franco Vargas.
En estricto sentido, fue en dicho Congreso en donde se empezaron a pactar los acuerdos y estrategias encaminadas no solamente a vincular orgánicamente al movimiento magisterial con las primeras organizaciones que luego fundaron y tomar el control de la APPO, sino también para exigir las cabezas de algunos funcionarios del gobierno del estado y la del mismo Ulises Ruiz Ortiz.
Pero si los duros de la APPO y del movimiento magisterial pudieron rápidamente tomar el control de la nave no fue precisamente por su fuerza numérica ni por el consenso de los grupos y sectores movilizados, sino por las propias torpezas del gobierno del estado y la pasividad del gobierno federal.
Desde el flanco local se ha apostado desde un principio a la derrota del movimiento a través de múltiples medios: desde las millonarias campañas de prensa para confundir y desprestigiar a los líderes del movimiento, o usando al congreso local con un doble propósito: como punta de lanza para atraer a su causa a líderes de la mayoría de los organismos empresariales (que en buena medida son también sus proveedores mas favorecidos) y autoridades municipales priístas, y para proyectar la imagen de un gobierno demócrata mediante la aprobación de iniciativas de ley -como la de transparencia y la electoral- que antaño lo habían reclamado como urgentes organizaciones no gubernamentales.
Y, para variar, no faltó, ni ha faltado, el recurso de la violencia y la provocación expresada lo mismo en el montaje de acciones espectaculares presuntamente llevadas a cabo por grupos guerrilleros, que en el financiamiento y organización de comandos armados para agredir a los opositores .Pese a ello tanto en declaraciones a los medios nacionales y locales como en documentos públicos el gobernador ha utilizado mas el lenguaje del diálogo y la negociación que el de la ruptura o la represión, como parte de una estrategia mediática dirigida a ofrecer la imagen de un estado en completa calma y un gobierno que no ha interrumpido su compromiso de trabajo con los oaxaqueños.
Sin embargo en el terreno de los hechos se ha recurrido a otro expediente. Así, a las provocaciones y beligerancia de las llamadas Brigadas Móviles, eufemismo que esconde la presencia de grupos de choque de la APPO y el magisterio,el gobierno del estado ha respondido con un esquema similar operando en la clandestinidad a grupos armados que lo mismo se han dedicado a amedrentar y balacear a maestros, colonos y a los jóvenes lumpen que resguardan los cientos de barricadas que se instalan por las noches en la ciudad capital, que a crear de la noche a la mañana guerrillas fashion como la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, o la Organización Revolucionaria Armada del Pueblo de Oaxaca (ORAPO), que se atribuyó la colocación de explosivos –casi a plena luz del día- en tres sucursales bancarias.
Tardíamente, pues solo empezó intervenir semanas después de las elecciones federales del 2 de julio, el gobierno federal ha jugado con todas las fórmulas posibles y probables de presión y negociación para intentar , por un lado, evitar que se rompan los compromisos post-electorales pactados entre el PAN y el PRI y, por el otro, jugando alternativamente con las cartas de la intervención de la fuerza pública federal o una negociación que ponga por delante un paquete de reformas estructurales para el estado de Oaxaca.
Paralelamente ha dado respuesta a la demanda de rezonificación salarial y a todo el pliego petitorio presentado en el mes de mayo por la sección 22 del SNTE con la esperanza de alentar el levantamiento de su paro de labores.
Hasta ahora, todas las reuniones de trabajo celebradas en la Secretaría de Gobernación han arrojado solo promesas y compromisos incumplidos por la dirigencia opositora, atrapada en el asambleísmo y sujeto a una dinámica del todo o nada.
Emplazado como está a no ceder ni un ápice en la demanda central que desde hace ya cinco meses ha exigido en las calles , en foros nacionales e internacionales, en los medios de información y ante la Cámara de Senadores, el movimiento magisterial-popular se encuentra ya, irremediablemente, en una ruta sin retorno. Porque ya no se trata únicamente de volver a derrotar a Ulises Ruiz y a su partido,tal como ocurrió en las elecciones federales del 2 de julio, sino de pasear su cabeza por las siete regiones de Oaxaca para estar en condiciones de constituirse como una fuerza social y política hegemónica para así apuntalar todos sus proyectos políticos y sociales de corto y mediano plazo, incluyendo la redefinición de las reglas del juego no escritas con un eventual gobierno interino. Lo contrario significará exponerse a todo tipo de riesgos, incluyendo la propia libertad de sus dirigentes, aun cuando en una salida negociada las fórmulas revanchistas o persecutorias tendrían necesariamente que quedar archivadas.
Lo cierto es que la gran mayoría de los oaxaqueños (y los mexicanos) exigen ya una solución política e institucional a un conflicto que está a punto de provocar la pérdida del ciclo escolar, que tiene colapsada la economía de la ciudad capital y que, además, se ha constituido en un factor de discordia, odio clasista y de ruptura de mitos y viejos ordenamientos institucionales.
En tales condiciones,y aun cuando el Senado finalmente rechazó la desaparición de poderes, esto no significa de ninguna manera que el conflicto ya está resuelto pues es un hecho que mientras URO permanezca en la gubernatura cualquier solución que se pretenda impulsar desde el gobierno federal se topará con la resistencia no solamente de los duros de la APPO y del magisterio, sino de importantes sectores del pueblo de Oaxaca , aun de aquellos que han rechazado y condenado algunos de los métodos de lucha de los grupos movilizados , pues prácticamente todos coinciden que el cambio y la transformación política debe iniciarse con una reestructuración del poder ejecutivo.
Al tiempo.
Octubre 22 de 2006
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