MOVIMIENTO POPULAR Y CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN OAXACA.

Isidoro Yescas Martínez (IISUABJO)

Por su magnitud, intensidad y trascendencia, y por su propia capacidad organizativa, el movimiento social y político escenificado de mayo a noviembre del 2006 en el estado de Oaxaca fue único.
La experiencia resultó inédita en muchos sentidos pues no se trató únicamente de un movimiento contestatario y antigubernamental sino de una experiencia de poder popular, con atisbos de insurrección, que sin embargo no supo aprovechar toda la energía y el potencial organizativo de los grupos movilizados, las contradicciones entre el gobierno federal y el gobierno del estado y de la misma clase política oaxaqueña, ni la amplia cobertura mediática que lo rodeó para minar la vieja estructura de poder político y sentar las bases de un nuevo pacto social .
¿Por qué un movimiento sociopolítico que como nunca antes pudo movilizar a decenas de miles de oaxaqueños y que concitó las más diversas expresiones de apoyo a nivel nacional e internacional no fue capaz de derrocar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz? ¿Qué factores internos y externos al movimiento influyeron en forma determinante para su división y virtual derrota? ¿Qué tuvieron en común la sección 22 del SNTE y la APPO y en qué se diferenciaron? ¿Qué coyunturas terminaron por favorecer una solución de fuerza al conflicto?
A estas y otras interrogantes pretendemos dar respuesta en las siguientes líneas mediante un rápido repaso a los antecedentes del conflicto y el análisis del comportamiento de los diversos actores, de sus alianzas y disputas, de sus estrategias de lucha y de sus negociaciones.

ANTECEDENTES
Después del movimiento estudiantil de 1968, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” se unió activamente a la huelga nacional, Oaxaca empezó a observar cambios importantes en su vida política y social expresado en el surgimiento de sindicatos y organizaciones sociales independientes, en el gradual posicionamiento a nivel municipal de los partidos de oposición, en el febril activismo de grupos y partidos políticos de izquierda en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y en una incipiente apertura informativa de la prensa comercial.
Durante toda la década de los setentas Oaxaca fue escenario de un accidentado proceso de insurgencia sindical y campesina, del surgimiento de grupos guerrilleros como la Unión del Pueblo (antecedente del PROCUP) y de la Brigada Revolucionaria “Emiliano Zapata” y de un amplio movimiento universitario y popular que culminaría en marzo de 1977 con la renuncia del gobernador Manuel Zárate Aquino.
Lo que a finales de 1975 emergió en la UABJO como una lucha estudiantil en contra de la imposición de autoridades y que llegó a paralizar y desestabilizar a la máxima Casa de Estudios de Oaxaca por varios meses , muy pronto se convertiría –ante la abierta ingerencia del gobierno del estado - en un amplio movimiento contestatario y antigubernamental en donde hicieron causa común estudiantes y maestros universitarios con organizaciones como la COCEO y la COCEI para apoyar a la UABJO y exigir la renuncia del gobernador Manuel Zárate Aquino (1974-1977), partidario de la mano dura y confrontado por eso mismo con estos sectores y con el propio gobierno federal1.
No era la primera vez que estudiantes universitarios y sectores populares organizados se unían para derrocar a un gobernador, porque esto ya había ocurrido con la caída de los gobernadores Edmundo Sánchez Cano en 1947 y Manuel Mayoral Heredia en 19522 , pero a diferencia de aquellos movimientos que estuvieron dirigidos por líderes empresariales de la Cámara Nacional de Comercio, en 1977 el liderazgo tanto del movimiento estudiantil como del popular estuvo fundamentalmente en manos de cuadros universitarios identificados con la izquierda social y política que se habían formado en el movimiento del 68.
Y también en sentido contrario a las experiencias de 1947 y 1952, en ésta ocasión los comerciantes y los líderes locales de la CANACO se alinearon con los intereses gubernamentales y fueron pieza clave en la ofensiva instrumentada por el gobierno del estado en contra del movimiento universitario y popular.
En la década de los ochentas, nuevos actores sociales y políticos se incorporaron a las luchas campesinas, populares y estudiantiles de Oaxaca: se trató de los maestros de la sección 22 del SNTE que en mayo de 1980 se rebelaron en contra de su dirigencia nacional y estatal para exigir aumento salarial y la democratización de su sección sindical. 3
Por casi nueve años, este gremio debió enfrentar el poder del CEN del SNTE y de su grupo hegemónico Vanguardia Revolucionaria para finalmente lograr el reconocimiento de su dirigencia seccional. Una vez vencido este poderoso obstáculo la sección 22 logró consolidarse como la principal fuerza política en la entidad y como un sector disidente con una gran capacidad de convocatoria, al punto que llegó a constituirse en el pilar de un bloque de secciones sindicales disidentes del CEN del SNTE nucleados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Durante toda la década de los ochentas fueron fundamentalmente las movilizaciones de este gremio las que se constituyeron en el eje de otra serie de movimientos sociales, étnicos y políticos registrados en la entidad, incluyendo algunas de carácter partidista o de corte estrictamente electoral.
Luego de la experiencia político-electoral del primer ayuntamiento popular en el municipio de Juchitán, que a la postre fue desconocido por el gobernador Pedro Vásquez Colmenares, las luchas municipales de carácter electoral se multiplicaron constituyéndose desde entonces en una alternativa de participación política de las organizaciones de la sociedad civil.
Este mismo fenómeno permitió que partidos de oposición como el PSUM, el PAN y el PPS empezaran a disputarle el poder municipal al PRI, todavía el partido hegemónico en Oaxaca.
Sin embargo, la fusión de los movimientos sociales con las luchas electorales cobraría fuerza y sentido en la siguiente década cuando bajo el impulso de la opinión pública nacional y de los partidos de oposición, el gobierno federal y los gobiernos de los estados dejarían gradualmente de controlar los órganos electorales para dejar paso libre a su progresiva ciudadanización.
En efecto, aunque ya el año de 1977 había marcado un punto de partida importante en el proceso de apertura electoral con la reforma política impulsada por Jesús Reyes Heroles, entonces Secretario de Gobernación del Presidente José López Portillo, tuvieron que registrarse otras reformas como las de 1986 y 1989 para que se sentaran las bases de un proceso de transformación profunda en las reglas del juego electoral y la ciudadanización de los órganos electorales que se consolidarían con otras reformas aprobadas en 1993, 1994 y 1996.
Paralelamente a estas reformas en el ámbito federal, en los estados de la República también se promovieron modificaciones a las leyes electorales , ajustando en ocasiones la normatividad federal a la realidad política y social de cada entidad.
Eso ocurrió en Oaxaca en donde lo mas novedoso en materia de reformas electorales fue la que se impulsó en 1995 al incorporar al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPPEO) un capítulo especial (el libro cuarto) para normar las elecciones municipales de usos y costumbres que comprenden a un total de 418 de los 570 municipios de la entidad. 4
Al darle rango constitucional, se acotó la ingerencia de los partidos políticos en este tipo de contiendas pero principalmente al PRI que hasta entonces prácticamente se había constituido en el principal beneficiario político de la falta de normatividad en este tipo de contiendas. Dos años después, en 1997, se aprobó una nueva reforma electoral que hasta hoy en día sigue vigente.
Bajo estas nuevas condiciones de contienda político-electoral partidos emergentes como el PRD observaron un avance vertiginoso y lo mismo ocurriría con el PAN, en tanto que el PRI empezó a observar una tendencia descendente en las elecciones de concejales y diputados locales, no así en la de gobernador. Solo hasta 1998, cuando el PRD lanzó la candidatura de Héctor Sánchez López el PRI enfrentó su primera elección competida en la disputa por la gubernatura.
Coincidentemente, fue en ese mismo año cuando se produjo la primera ruptura entre la clase política priísta derivada de los desacuerdos surgidos para la definición del candidato a la gubernatura, pues mientras el gobernador Diódoro Carrasco Altamirano impulsó al diputado federal José Antonio Estefan Garfias, otro sector de priístas apoyó al senador José Murat Cassab, quien finalmente resultaría favorecido con la candidatura por decisión del Presidente Ernesto Zedillo.
El desenlace solo agudizó las diferencias personales y políticas que desde meses antes del destape del candidato a la gubernatura sostenían DCA y Murat y que se expresaría no solamente en una purga de diodoristas sino en una fuerte campaña de prensa para desacreditar al ex gobernador y para intentar expulsarlo del PRI . Sin embargo, desde su posición de Subsecretario de Gobernación, y luego de Secretario de la misma dependencia, Carrasco Altamirano también tejó sus propias alianzas para defenderse y disputarse las cuotas de poder con su adversario: en el 2001 aseguró que bajo el registro del Partido Convergencia Democrática –dirigido entonces a nivel estatal por su aliado el ex gobernador interino Jesús Martínez Álvarez- , su amigo y ex secretario técnico, Gabino Cué Monteagudo, contendiera y ganara la Presidencia Municipal de la ciudad de Oaxaca.
Como respuesta, Murat intentó por todos los medios obstruir y desconocer al ayuntamiento gabinista, mientras que éste último aprovechó toda la campaña desatada en su contra y el efecto de bumerang que dicha campaña despertó entre los electores para construir desde la presidencia municipal -y con el apoyo del periódico Noticias- su candidatura para la gubernatura.
“La sucesión gubernamental del 2004 topó así, inicialmente, con un escenario de confrontación , de choque, entre el proyecto político del gobernador José Murat que desde un principio le apostó a la continuidad y a consolidar su alianza con el madracismo y el proyecto opositor del Partido Convergencia, aliado a DCA y a otros ex gobernadores priístas.” 5
Fue precisamente el pacto político establecido con el Presidente del CEN del PRI y aspirante presidencial, Roberto Madrazo, el factor fundamental que llevaría al gobernador Murat a ungir como su virtual sucesor al senador Ulises Ruiz Ortiz, cercano a Madrazo y que se había incorporado a la política oaxaqueña en los inicios del sexenio del gobernador Diódoro Carrasco.
De esta manera la disputa por la gubernatura sirvió para que diodoristas y muratistas midieran fuerzas: por un lado, Gabino Cué, como candidato opositor apoyado por la coalición Todos Somos Oaxaca integrada por el PRD, el PC y el PT, y por el otro Ulises Ruiz Ortiz, apoyado por la alianza Nueva Fuerza Oaxaqueña, integrada por el PRI y el PVEM. Y como tercero en discordia, el experredista y exlíder de la COCEI, Héctor Sánchez López, registrado bajo las siglas del Partido Unidad Popular, un partido local cuyo guía moral, Heriberto Pazos Ortiz, también dirige el Movimiento Unificador de Lucha Triqui.
Por vez primera en la historia político-electoral de Oaxaca un candidato opositor al PRI generó grandes expectativas de triunfo y, de hecho, las encuestas previas al día de la jornada electoral revelaron en la mayoría de los casos una fuerte competencia y un empate técnico entre Cué y Ruiz Ortiz, sin embargo los resultados electorales terminarían por favorecer a éste último en medio de fuertes denuncias de haberse consumado un fraude con el aval del órgano electoral.
Con 523,978 para Ulises Ruiz, 488,640 para Gabino Cué y 44,347 para Héctor Sánchez y un porcentaje de abstencionismo superior al 50 por ciento, la elección de gobernador debió finalmente pasar por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para legalizar el cuestionado triunfo del candidato de la alianza PRI-PVEM.
Sin embargo, las heridas provocadas por una elección en donde el gobernador José Murat había dirigido toda la operación electoral y utilizado la estructura del aparato gubernamental para asegurar el triunfo de Ruiz Ortiz, no dejaron satisfechos a los electores gabinistas, ni a sus aliados del Partido Convergencia Democrática y del periódico Noticias, que mantuvo una postura de crítica permanente a los actos del gobierno muratista y a los resultados de la elección de gobernador.
En respuesta Murat ordenó la ocupación ilegal de las bodegas del diario opositor a su gobierno, postura que secundó su sucesor al otorgarle todas las facilidades a un reducido grupo de trabajadores de la CROC para, so pretexto de un conflicto laboral, posesionarse de las instalaciones del diario, con el apoyo de personas ajenas a la empresa.
Con un gabinete integrado fundamentalmente por políticos y administradores vinculados al ex gobernador José Murat, el nuevo gobierno desechó desde un principio todo acuerdo post-electoral con el bloque de fuerzas políticas locales y nacionales que habían apoyado la candidatura de Gabino Cué, con excepción del PAN cuya dirigencia, una vez concluído el proceso electoral, empezó tener acercamientos con la administración ulicista.
No obstante su déficit de legitimidad y credibilidad, el gobierno de Ulises Ruiz poco hizo para evitar que a estos desacuerdos post-electorales se sumaran, con el tiempo, otro tipo de inconformidades sociales y políticas, derivadas lo mismo del escaso tiempo destinado a sus tareas de gobernante que al hecho de delegar la conducción y el manejo de los principales asuntos políticos del gobierno del estado, en su poderoso Secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, un político joven pero de mano dura que al negarse a darle continuidad al trato privilegiado y las canonjías económicas que el gobierno muratista otorgaba a los líderes sociales y políticos de oposición, sin ofrecer soluciones de fondo a las demandas de los grupos movilizados, provocó una progresiva reacción de animadversión hacia el propio funcionario y al gobierno que representaba.
Fue bajo estas circunstancias que durante el 2005 se empezaron a registrar agresiones, persecuciones y encarcelamientos de líderes de organizaciones sociales, asesinatos impunes de otros mas, y la ejecución de millonarios programas de obra pública gubernamental que alteraron el trazo original de espacios públicos de gran valor histórico y cultural para la ciudad capital, que solamente provocaron la inconformidad ciudadana.
Si este fue el trato con los ciudadanos y la mayoría de las organizaciones y sus dirigencias no ocurrió lo mismo con la sección 22 del SNTE, un sector disidente que anualmente, desde 1980, sobre todo durante los meses de mayo y junio, se movilizaba y paralizaba el sistema educativo del estado de Oaxaca para obligar al gobierno del estado a resolver sus demandas gremiales, económicas y políticas. Con este sector, el gobierno del estado mostró mayor tolerancia y capacidad de diálogo en las negociaciones del 2005 y de esa manera evitó que los sectores agraviados por su política de mano dura canalizaran sus inconformidades a través del movimiento magisterial.
Sin embargo, para el 2006 las condiciones variaron radicalmente y una mala negociación con la dirigencia magisterial se constituiría en el detonador del mayor conflicto social y político que Oaxaca ha vivido en el último medio siglo.

LA RUTA CRÍTICA DEL MAGISTERIO.
Si el año de 1980 se constituyó en una fecha significativa para los trabajadores de la educación de la sección 22 del SNTE al romper con los controles sindicales y políticos impuestos por el CEN del SNTE y su grupo hegemónico Vanguardia Revolucionaria, el año de 1992 marcó el fin de esa etapa democratizadora y el inicio de un largo período de involución en donde el posicionamiento de las corrientes sindicales en las estructuras formales e informales del nuevo poder sindical se constituyeron en el terreno propicio para la reaparición de las viejas prácticas clientelares y de control sindical que habían caracterizado a Vanguardia Revolucionaria.
La primer señal en ese sentido se envió a finales de la década de los ochentas cuando ante la notable disminución de la participación de las bases en las movilizaciones y asambleas sindicales la dirigencia del movimiento magisterial tomó la determinación de aplicar sanciones laborales a quienes no justificaran plenamente sus ausencias en las marchas, mítines y asambleas y, por el otro, generó un programa de estímulos administrativos y políticos para los mas activos.
Luego, por iniciativa de los maestros de Educación Indígena, empezó a ganar adeptos la propuesta de que el movimiento magisterial reclamara espacios de dirección administrativa en el aparato educativo para asegurar una mayor atención a las necesidades del gremio y contar con mayores oportunidades de impulsar desde estos cargos los proyectos educativos de la sección 22 del SNTE.1
Con estos antecedentes, se arribó a la renovación del Comité Ejecutivo seccional en la primera mitad de 1992, año en que también el gobierno del estado, con Heladio Ramírez López a la cabeza del poder ejecutivo, firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal y con ello abrió las puertas para la descentralización de los servicios educativos y la consiguiente creación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Como parte de los compromisos que entonces suscribiría el gobierno del estado con la dirigencia de la sección 22 del SNTE encabezada por Erangelio Mendoza González para que no se objetara la firma del mencionado Acuerdo, se convino por ambas partes que en lo sucesivo “el gobierno del estado(....) dará participación a los integrantes del Comité Ejecutivo de la sección XXII del SNTE y a las bases magisteriales respecto de la formulación de cualquier iniciativa de ley o disposición general relacionada con el ramo educativo, en sus aspectos laborales, profesionales, social y técnico”. Pero de igual manera el gobierno del estado se comprometió a que “la selección y nombramiento futuro de funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública como resultado de las propuestas de la representación sindical, serán respetadas en la forma y términos acordados con antelación, aún cuando cambie la estructura orgánica del Instituto”. 2
En un primer momento las dirigencias seccionales privilegiaron la trayectoria curricular y la experiencia profesional de los candidatos a ocupar las jefaturas de departamento , direcciones de área y otros cargos de menor jerarquía en el IEEPO , pero al paso del tiempo, y a medida que estos espacios administrativos se convirtieron en un eficaz mecanismo de movilidad económica individual y de promoción y reclutamiento político-sindical, las reglas del juego cambiaron en beneficio casi exclusivo de las corrientes sindicales y de cuadros vinculados orgánicamente a los dirigentes seccionales.
En adelante, dos serían las grandes prioridades de las corrientes sindicales para afianzarse en el control de la sección 22 del SNTE: acrecentar su representación en el Comité Ejecutivo seccional y en las demás instancias de dirección del sindicato y del movimiento (vgr. Comisión Política, Comisión Negociadora Ampliada, etc.) y posicionarse del aparato administrativo del IEEPO para captar mayor clientela sindical. De hecho, ya una de las corrientes sindicales de izquierda de corte maoísta, la Coordinadora Democrática del Magisterio Oaxaqueño (CODEMO) había lanzado el primer mensaje sobre el nivel de influencia y la capacidad organizativa de estos agrupamientos al ubicar a su principal dirigente, Erangelio Mendoza, en la Secretaría General del Comité Ejecutivo seccional (1992-1995).
Y después de Mendoza, desfilaron por la Secretaría General cuadros identificados y promovidos abiertamente por las corrientes sindicales como Luis Fernando Canseco Girón (1995-1998) de Praxis-COCEI; Humberto Alcalá Betanzos (1998-2001) de la Coordinadora de Bases; Alejandro Leal Díaz (2001-2004) de la Coordinadora Magisterial Oaxaqueña (COMAO), hasta arribar a mayo del 2004 , año en que nuevamente la CODEMO, en alianza con otros corrientes sindicales como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Praxis-COCEI, impulsaron y ganaron la Secretaría General para Enrique Rueda Pacheco.
Si hasta antes de 1992 la legitimidad de las luchas magisteriales y la unidad sindical pocas veces fue puesto en duda, después, con la radicalización de sus métodos de lucha, los constantes paros de actividades, la combinación de demandas políticas con demandas laborales -en donde cada vez cobraron mayor peso las primeras-, y la corrupción que empezó a permear en los más altos niveles de la dirigencia sindical y la burocracia del IEEPO, se constituyeron en factores que progresivamente les restaron apoyo social , propiciaron expresiones de rechazo y al minar la unidad sindical dieron la pauta para que desde el gobierno del estado se empezaran a tejer todo tipo de complicidades e ingerencias que hicieron crisis con la elección de Enrique Rueda Pacheco en el 2004.

LA SACUDIDA DEL 2005.
Entre 1992 y el 2003, el movimiento magisterial había resistido todo tipo de crisis internas derivadas tanto de las sordas luchas por el poder libradas entre las corrientes sindicales como de la propia dinámica de presiones y movilizaciones a las que reiteradamente –y no solamente en las jornadas de mayo- sometían a las bases magisteriales.
A contrario sensu de la división y desmovilización que se fueron desencadenando en otras secciones disidentes agrupadas en la CNTE, el caso de los maestros de Oaxaca llamaba poderosamente la atención por varias razones: era la principal fuerza sindical y política opositora al gobierno del estado que irremisiblemente se movilizaba durante los meses de mayo y junio de cada año para reclamar de los gobiernos del estado y federal la solución de su pliego petitorio que no solamente incluían demandas de carácter gremial y económicas sino otras de alto contenido político y social ; representaba, además, una sección disidente que por su propia fuerza numérica y su gran capacidad de organización y movilización generalmente le imponía al gobierno del estado sus ritmos , tiempos y condiciones para las negociaciones. Por eso mismo con el paso del tiempo amplió su radio de influencia a otros sindicatos _3/ y tejió alianzas estratégicas con otras organizaciones y expresiones políticas partidarias-fundamentalmente el PRD- que a futuro les allanaría el camino a algunos de sus cuadros y dirigentes más destacados para postularse como candidatos a cargos de elección popular.
Por estas y otras razones ni Pedro Vásquez Colmenares (1980-1986), ni Heladio Ramírez López (1986-1992), y tampoco Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998), todos ex gobernadores priístas, se inmiscuyeron directamente en la vida interna de la sección 22 del SNTE para intentar favorecer a alguna corriente sindical o para reposicionar al PRI en una sección sindical que hasta antes de 1980 había tenido una gran influencia. . En todo caso quedó siempre la duda si la cooptación de algunos ex dirigentes y su integración al aparato gubernamental durante los gobiernos de Ramírez López y Carrasco Altamirano fue resultado de un simple intercambio de favores políticos o producto de una estrategia mediática dirigida a fortalecer la imagen “incluyente” de ambas administraciones.
No ocurrió lo mismo con el gobernador José Murat Cassab (1998-2004) quien desde su propia precampaña para buscar la gubernatura buscó acercamientos con líderes sociales, políticos y sindicales de izquierda .Si estos acercamientos llegaron hasta las cúpulas de la sección 22 del SNTE es todavía una incógnita; lo cierto es que una vez que empezó a despachar en Palacio de Gobierno el gobernador Murat Cassab estrechó sus relaciones institucionales y personales con los altos mandos sindicales buscando en ocasiones capitalizar la inconformidad magisterial en contra de la lidereza del SNTE, Elba Esther Gordillo, y en otras alentando la beligerancia de algunas corrientes sindicales en contra del gobierno de Vicente Fox.
Con estos antecedentes, no resultó extraño que para mayo del 2004, una vez electo Enrique Rueda Pacheco como Secretario General del Comité Ejecutivo seccional, las profundas diferencias que ya se habían manifestado entre dos bloques de corrientes sindicales durante el proceso electoral, se tradujeran en una abierta confrontación política que con el tiempo se agudizaron hasta hacer crisis en el 2005.
Apoyado por un bloque de siete corrientes, entre las que destacaron la Coordinadora Democrática del Magisterio Oaxaqueño, la Unión de Trabajadores de la Educación y el grupo Praxis, el Comité Ejecutivo encabezado por Rueda Pacheco se cerró a toda negociación post-electoral con sus opositores del Frente Sindical Primero de Mayo, Coordinadora Magisterial Oaxaqueña y el Colectivo por la Educación y la Democracia representados por los ex secretarios generales Alejandro Leal y Humberto Alcalá Betanzos.
Fracasadas las vías del diálogo lo que vino después fue una declaración de guerra en donde ambos bandos se lanzaron públicamente acusaciones de corrupción, traición a los principios rectores del movimiento y de servir a los intereses del gobierno del estado.
Y para inclinar el fiel de la balanza de su lado, la dirigencia seccional y sus aliados sacaron buen provecho no solamente del control que ejercían sobre los órganos de gobierno sindicales sino de la propia debilidad política del nuevo gobierno estatal : con los primeros para impedir que sus opositores enjuiciaran y desconocieran a Rueda Pacheco, y en las negociaciones laborales con el gobierno del estado para obtener el máximo de logros económicos y prebendas sindicales para el gremio magisterial sin mayores presiones que un paro simbólico de cinco días.
Ya fortalecido, para fines del 2005 el bloque dominante exigió y obtuvo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz la cabeza del Director General del IEEPO, Froylán Cruz Toledo, político cercano al exgobernador José Murat y señalado de haber proporcionado toda la información documental que le facilitó a la disidencia evidenciar los presuntos actos de corrupción de Enrique Rueda Pacheco y de algunos de sus familiares.4
Paralelamente, las mismas fuerzas procedieron a enjuiciar a los disidentes y ante la inminencia de su expulsión éstos optaron por separarse de la sección 22 del SNTE para luego constituir el Consejo Central de Lucha (antecedente inmediato de lo que hoy es la sección 59 del SNTE) una agrupación que pese a su escasa membresía no dejó de representar un duro golpe para el movimiento magisterial porque a final de cuentas evidenció la ausencia de democracia en una sección sindical que 25 años atrás se había levantado precisamente para luchar en contra de la antidemocracia y la corrupción de Vanguardia Revolucionaria.5

….Y LA REVUELTA SOCIAL DEL 2006.
Fue bajo este contexto que en el año 2006 nuevamente el movimiento magisterial emplazó al gobierno del estado a resolver su pliego petitorio que al igual que en años anteriores contenía demandas de carácter social y político, en total 17 puntos, destacando en el renglón económico la petición para que todos los trabajadores de la educación de Oaxaca se ubicaran en la zona económica III, “con todas las repercusiones salariales y en prestaciones que conlleva”.
En su pliego petitorio se incluían también las siguientes demandas: rechazo a la doble gestoría ante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, liberación del presupuesto anual de todas las áreas educativas que nombra el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca, retención de cuotas sindicales canalizadas al CEN del SNTE, fortalecimiento de los programas de apoyo a las necesidades socioeducativas de los alumnos, incremento en 300 millones para el fortalecimiento de los programas de mejoramiento de la infraestructura educativa, la entrega en propiedad de un hotel ubicado en Bahías de Huatulco, reconocimiento legal de Radio Plantón y cese a la represión contra los trabajadores de la educación “y el pueblo en general”._6
No obstante que con buena parte de sus demandas los maestros emplazaban al gobierno del estado a erogar decenas de millones de pesos si no quería enfrentar el riesgo de un paro de actividades en el sector educativo, fue la exigencia de la rezonificación salarial lo que entrampó las negociaciones y condujo finalmente a 70 mil maestros de la sección 22 del SNTE a paralizar sus actividades docentes y administrativas en todo el estado de Oaxaca.
En el 2005, durante las jornadas de mayo , el gobierno del estado ,ya con Ulises Ruiz Ortiz al frente del poder ejecutivo, había aceptado negociar por etapas ésta demanda de rezonificación aportando en aquella ocasión la cantidad de 115 millones de pesos. Pero un año después redujo su aportación por el mismo concepto a 60 millones, oferta que no satisfizo a la dirigencia del movimiento magisterial.
En realidad para atender y resolver ésta demanda era necesario obtener recursos económicos de casi 1,500 millones de pesos, cantidad que necesariamente requeriría de la intervención y concurrencia del gobierno federal.
Pero pese que el principal destinatario de ésta y otras demandas era el gobierno federal, las primeras movilizaciones del magisterio oaxaqueño prácticamente ignoraron a las autoridades de la SEP y de la Secretaría de Hacienda y sí, en cambio, ejercieron mayor presión sobre el gobierno del estado. Por otro lado, tampoco el gobierno de Ulises Ruiz mostró interés para acudir inmediatamente a éstas instancias o a la Secretaría de Gobernación para desactivar el conflicto, pues para entonces su prioridad era coordinar y operar la campaña política del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo, y apoyar a sus candidatos del PRI a senadores y diputados federales.
Sin embargo, existieron otros dos factores que también influyeron en la determinación de la sección 22 del SNTE para romper todo tipo de negociaciones con el gobierno del estado e iniciar su paro de actividades a partir del 22 de mayo: el primero relacionado con la creación del Consejo Central de Lucha y el segundo con los resolutivos emanados de su Primer Congreso Político.
Sin duda alguna, la emergencia de una corriente disidente al Comité Ejecutivo Seccional en el 2005 y la formación en ese mismo año del Consejo Central de Lucha fisuró las relaciones de mutuo respeto institucional sostenidas hasta entonces entre la dirigencia de la sección 22 del SNTE y el gobierno de Ulises Ruiz, toda vez que los primeros hicieron responsables de ésta división a funcionarios gubernamentales, destacadamente al Secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas. Pese a su escasa membresía, el CCL se convirtió en una amenaza potencial para las pretensiones hegemónicas de la dirigencia seccional de tal suerte que se vieron obligados a incluir en su pliego petitorio del 2006 el veto al IEEPO para no aceptar la doble gestoría” porque solo existe una sección XXII, como el único organismo facultado por el movimiento democrático para efectuar la gestoría y la vigilancia y respeto de todos los derechos de los trabajadores” 7.
Si algo había quedado muy claro en el 2005 para la base magisterial y la multiplicidad de corrientes sindicales que se han movido en la sección 22 del SNTE es que los principales beneficiarios políticos de la crisis interna de ese año habían sido la Unión de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Democrática del Magisterio, cuyos líderes habían jugado un papel decisivo para evitar el derrocamiento del Secretario General del CES, Enrique Rueda. Constituidos desde entonces en un poder paralelo a la dirigencia formal los líderes de estas corrientes empezarían a definir una estrategia encaminada a vincular orgánicamente al movimiento magisterial con organizaciones sociales y no gubernamentales y con expresiones políticas de izquierda y de ultraizquierda, afines ideológicamente y coincidentes en sus estrategias políticas y métodos de lucha.
Fue en ese contexto que la dirigencia seccional convocó en los primeros días de abril al Primer Congreso Político en donde, entre otros puntos, se acordó exigir la salida de Ulises Ruiz Ortiz “por cancelar los derechos constitucionales de los trabajadores” así como “revitalizar la alianza del MDTEO con otros sectores de la clase trabajadora” 8.
Como se puede inferir por los “ mensajes de solidaridad” leídos en el citado Congreso ya desde ese momento se habían apuntado para formar parte de esa alianza algunas de las principales organizaciones que luego se constituirían en el eje ideológico-operativo y en el ala dura de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO): el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP ), el Frente Popular Revolucionario (FPR) y el Partido Comunista de México Marxista-Leninista, con fuertes nexos e influencia con el FPR, la UTE y un sector de activistas universitarios integrantes de la Unión de Jóvenes Revolucionarios (UJR).
Los acontecimientos que en el transcurso de mayo y la primera quincena de junio se fueron sucediendo, caracterizados por un ambiente de concurridas movilizaciones y una progresiva radicalización del gremio magisterial, y por la insistencia del gobernador Ulises Ruiz para hacer valer el principio de autoridad buscando a toda costa imponer los términos y condiciones de las negociaciones, complicaron desde un principio el proceso de diálogo poniendo en riesgo a cada momento la posibilidad de un arreglo institucional.
Como no había ocurrido en otras jornadas de lucha, en ésta ocasión el movimiento magisterial se presentó desde un principio como un adversario fuerte y organizado que, además, no iba solo sino acompañado de un bloque de organizaciones sociales y sindicales que desde la primera semana de junio ya habían constituido la Asamblea Estatal Magisterial Popular, antecedente inmediato de lo que mas adelante sería la APPO.
Organizaciones sindicales como el Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas de Oaxaca (FSODO) , el FPR y el CODEP ,que ya habían participado como organismos solidarios en el Primer Congreso Político de la sección 22 del SNTE, así como el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) y Nueva Izquierda de Oaxaca (NIOAX), filial del PRD, y algunas asociaciones de padres de familia y autoridades municipales, se manifestaron públicamente el 5 de junio en apoyo total al movimiento magisterial y por el enjuiciamiento político del gobernador Ulises Ruiz, demanda que desde el primer día de junio había externado el líder magisterial Enrique Rueda. 9
Un día después de éste pronunciamiento público, Ruiz Ortiz fue sometido por miles de maestros y ciudadanos a juicio político y enseguida desconocido como gobernador “al ser encontrado culpable de violación a los derechos constitucionales, desvío de recursos gubernamentales y daños al patrimonio así como de represión, hostigamiento, encarcelamiento y asesinato de luchadores sociales, entre otros cargos. “_10
El hecho tuvo un impacto directo en el futuro del movimiento magisterial porque a partir de ésta determinación el gobierno del estado no solamente fue desconocido formalmente como interlocutor sino que tanto el magisterio como sus aliados pasaron a una etapa de mayor confrontación para cerrar filas en torno a la demanda de la destitución del gobernador.
Así lo testimonió el propio Rueda Pacheco al declarar que el movimiento magisterial había pasado a otra etapa porque “ya estamos estableciendo una Asamblea Popular Oaxaqueña en donde las decisiones serán tomadas por varias organizaciones , porque para meternos en serio al asunto de exigir la salida del gobernador no podemos hacerlo solos…” _11
Y coincidentemente el mismo día que Rueda Pacheco hacía estas declaraciones y advertía de los riesgos de la represión gubernamental y de un levantamiento armado en Oaxaca por este motivo, el Ejército Popular Revolucionario lanzaba su primer comunicado de apoyo al movimiento magisterial y para unirse a la exigencia de la renuncia de Ulises Ruiz como gobernador.12
Pero a este escenario de crispación política también ya se habían sumado, por un lado, el gobierno federal con su renuencia a intervenir en un conflicto del que era juez y parte, y por el otro, el Congreso local, autoridades municipales priístas y algunas cúpulas empresariales que al tomar partido por el gobierno del estado desataron una fuerte campaña para conminar a los maestros a levantar su paro.
Y fue en medio de este ambiente de endurecimiento y polarización de las partes en conflicto que sobrevino el desalojo policíaco del 14 de junio que solo contribuyó a recrudecer el conflicto y a dar paso a un largo y violento proceso social para unificar la exigencia de la renuncia de URO. Pero al mismo tiempo se constituyó en una coyuntura altamente favorable para los promotores de la Asamblea Estatal Magisterial Popular para acelerar la formalización de un amplio frente popular denominado primero Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y luego, corregido semánticamente, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)

LA APPO: PACIFISTAS O REVOLUCIONARIOS.
Aunque ya desde el Primer Congreso Político de la Sección 22 del SNTE celebrado en el mes de abril se había empezado a diseñar el proyecto de formación de un frente amplio popular no fue sino hasta la primera semana de junio cuando cobró forma , como ya lo señalamos, a través de la constitución de la Asamblea Estatal Magisterial Popular que días antes del 14 de junio se convirtió en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, como lo anunció el propio dirigente magisterial, Enrique Rueda Bautista.
El 5 de junio, la sección 22 del SNTE y 44 organizaciones sociales, colectivos, sindicatos y asociaciones de padres de familia emitieron una Declaración Política en donde luego de realizar una balance sobre el gobierno de Ulises Ruiz y condenar los abusos de poder, encarcelamientos y asesinatos de líderes sociales , la corrupción gubernamental y los daños al patrimonio histórico de la ciudad de Oaxaca, se pronunciaron por “consolidar un proceso unitario que construya el espacio para coordinar y organizar las distintas luchas que arroje una propuesta alternativa y global a la problemática que afronta la mayoría de los ciudadanos que han sido relegados y excluidos” 1
El 8 de junio, un día después de que miles de maestros y ciudadanos habían enjuiciado políticamente a Ulises Ruiz y lo habían desconocido como gobernador, nuevamente la Asamblea Estatal Magisterial Popular convocó “al pueblo de Oaxaca” a “construir los mecanismos de autodefensa sobre la base de la organización del movimiento que resulte en comités de cuadra, barrio, colonia, comunidades, escuelas, etc”. 2
El fallido intento del gobierno del estado para desalojar el 14 de junio el plantón magisterial del zócalo de la ciudad capital mediante el uso de la fuerza pública se constituyó, de esta manera, en un factor que solamente vino a acelerar - tres días después- la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Por lo tanto, contra lo que algunos analistas han señalado, no fue la intervención de la fuerza pública el factor determinante para la formación de la APPO ni para que se enarbolara la bandera del desconocimiento del gobernador Ulises Ruiz, porque previo al 14 de junio ya se había tomado ésta decisión.. Sin embargo sí influyó en grado superlativo para catapultar al movimiento magisterial y para organizar al naciente movimiento popular a través de la APPO.
De esta manera, y con la meta de luchar por la desaparición de poderes y la “instauración de un gobierno democrático-popular alternativo”, el 17 de junio 84 organizaciones sociales y políticas, organismos no gubernamentales, organizaciones de colonos, padres de familia, colectivos, representantes de comunidades indígenas y autoridades municipales instalaron la asamblea de la APPO . Ahí la sección 22 del SNTE propuso por escrito que la APPO tuviera una estructura a nivel estatal y regional a través de delegados “proporcional a la membresía de las organizaciones”, con una declaración de principios , un programa mínimo y con “decisiones tomadas por consenso” 3. Sin embargo la propuesta no tuvo la aceptación esperada y tuvieron que transcurrir algunos meses para que formalizara su constitución y su estructura de dirección, hecho que inexplicablemente tendría lugar hasta el 14 de noviembre, 11 días antes del enfrentamiento con la PFP y que pondría punto final a la etapa de mayor fortaleza del movimiento popular.
Bajo esas condiciones la APPO se dotó de una dirección provisional con un liderazgo inicialmente hegemonizado por cuadros magisteriales vinculados orgánicamente a las corrientes sindicales y sobre todo por la dirigencia formal de la sección 22 del SNTE. Sin embargo, por su experiencia política y nivel de influencia entre importantes sectores del magisterio, quienes luego se convertirían en el contrapeso a la dirigencia sindical y progresivamente tomarían el control de facto de la APPO serían los líderes de las organizaciones - en su mayoría destacados cuadros sindicales de la sección 22 - que habían participado en la formación de la Asamblea Estatal Magisterial-Popular : el FPR, brazo cívico de la UTE, así como el bloque de organizaciones satélites de la Coordinadora del Movimiento Popular (COMPA) integrada por la CODEP, el CIPO, la CODECI, la CODEDI, el FUDI y la OIDHO, todos ideológicamente identificados con el maoísmo y que se constituirían en el sector mas beligerante y duro del movimiento,
junto con otros agrupamientos que luego se integrarían a la APPO como la Unión de Jóvenes Revolucionarios de México (UJRM), filial del Partido Comunista de México, Marxista- Leninista..
Sin una estructura formal de dirección y sin lineamientos programáticos, con un escaso control sobre las actividades desarrolladas por sus activistas y simpatizantes, mediante acuerdos y planes de acción que se instrumentaban al calor de las movilizaciones y que no siempre pasaban por el filtro de las bases, con voceros que periódicamente eran relevados de sus responsabilidades y con líderes mediáticos (como el caso paradigmático de Flavio Sosa) que la prensa nacional fabricó ante la reticencia de los estrategas del movimiento para dar la cara, la APPO se convirtió, por eso mismo, en un fenómeno inusitado en la historia reciente de los movimientos sociales y políticos en México.
Tratándose de una organización de carácter frentista y amorfa ideológicamente, no resultó extraño que en la APPO cohabitaran organizaciones campesinas, indígenas y sindicales con amplia representación social y política, que agrupaciones testimoniales y clientelares, organizaciones no gubernamentales, representantes de comunidades eclesiales de base, asociaciones de padres de familia, corrientes locales del PRD, e infinidad de grupos políticos de izquierda , ultraizquierda y anarquistas de corte maoísta-stalinista.
Diego Osorno, periodista y testigo presencial de este movimiento, tiene su propia versión sobre la estructura informal de la APPO, lo que él denomina “el grupo que de manera discreta dirigió a la APPO tácticamente”: El Comité Central del Partido Comunista de México Marxista-Leninista, a la cabeza; después el Frente Popular Revolucionario “que desde su creación en 2001 es el ente de masas por el cual el partido suma la mayor cantidad de grupos dispuestos a trabajar por la construcción del socialismo en México”. De sus células, la mas consolidada es la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) seguida de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM). A estas expresiones el PCM sumó para el 2007 a la Coordinadora de Mujeres 1º. de Agosto y el Frente de Colonias Populares , de acuerdo la escrito por Osorno.4
Según la opinión del mismo periodista uno de los “dirigentes verdaderos” de la APPO que nunca dieron la cara pero que “siempre estaba en el lugar y en el momento en el que ocurrían acciones importantes” fue Lázaro García Barrera, presidente del FPR, organización acusada por sectores oficiales de ser el brazo político del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario y que García Barrera lo define como una organización cuasimilitar, “no por las armas, sino por la disciplina” 5
Enrique Rueda, Secretario General del CES de la sección 22 del SNTE, reconoció este control de facto de la APPO por parte de este bloque de organizaciones al declarar que hubo momentos en que grupos como la UTE tuvieron el control del movimiento.
-¿Y cómo defines a la APPO?, preguntó el periodista del diario Milenio a Omar Garibay, líder del Partido Comunista de México, Marxista-Leninista.
-“Insisto, como un modelo o un ensayo de lo que tenemos que hacer para lograr la revolución socialista en México”6
Frente a este concepción “revolucionaria” de la APPO, que se acompañó por supuesto de una estrategia para agudizar la ingobernabilidad en Oaxaca ( secuestro e incendio de autobuses, enfrentamientos con los cuerpos policíacos, multiplicación de barricadas, formación y operación de grupos de choque denominados “honorable cuerpo de topiles “y “ brigadas móviles”, elaboración de una lista negra de los ricos y “enemigos” del movimiento, toma de radiodifusoras comerciales y de Radio Universidad, instauración de tribunales populares, etc) se opuso la estrategia de la propia dirigencia de la sección 22 del SNTE y los sectores moderados de la APPO que fueron insistentes en el carácter pacifista e institucional del movimiento. Pero aun en este corriente hubo matices: quienes solamente estaban interesados en la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y la solución de las demandas magisteriales y quienes intentaron orientar al movimiento hacia un cambio estructural e institucional sin renunciar a la demanda de la salida de URO.
Estas discrepancias se expresaron en diferentes etapas del movimiento y sin duda se convirtieron en factores que terminarían por influir negativamente en la unidad de sus organizaciones, en la división de la APPO y del movimiento, y en su propia derrota.
Una de las primeras discrepancias fue la que se registró con el papel que debía jugar la Comisión de Intermediación integrada por el pintor Francisco Toledo, el presbítero Wilfredo Mayrén Peláez y el Obispo Emérito de la diócesis de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes. Constituida después del 14 de junio “para mediar entre las partes” ésta Comisión poco pudo hacer para encontrar una salida institucional al conflicto ante las posturas encontradas del gobierno del estado y del magisterio y a las mismas diferencias registradas entre la dirigencia de la sección 22 y la dirigencia de la APPO. “Lo que escuchamos son tambores de guerra de uno y otro lado”, se lamentó para principios de julio Mayrén Peláez, uno de los miembros de la Comisión.
En poco menos de dos meses, ésta Comisión fue sometida a todo tipo de presiones – y hasta descalificaciones- por los sectores más duros e intransigentes del gobierno del estado y de la APPO y bajo esas condiciones sus integrantes decidirían disolver el organismo para el 11 de agosto. Sin embargo, ya desde la segunda semana de julio habían conseguido convencer al gobernador Ulises Ruiz para que destituyera al Secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas y a otros tres funcionarios de su gabinete.
Otro discrepancia surgió para principios de julio cuando, presionados por los padres de familia, autoridades municipales y por el gobierno federal, la sección 22 del SNTE decidió abrir un receso de dos semanas en su plantón instalado en el zócalo de la ciudad de Oaxaca y regresar a sus comunidades para concluir el ciclo escolar.
En esa ocasión, Rueda Bautista fue acusado por maestros de la UTE y activistas del FPR de “traidor” al movimiento.
Ambas organizaciones, de acuerdo a lo declarado por el líder magisterial, habían propuesto no regresar a las aulas, pero en la Asamblea Estatal su postura fue derrotada “y en vez de aceptar la decisión y disciplinarse…. generaron una desinformación al interior del movimiento y una supuesta inconformidad de las bases hacia la dirigencia” 7
En ese mismo mes se suscitaron otros acontecimientos que al no estar incluidos en la agenda de acuerdos y en el plan de acción del movimiento magisterial y popular lo único que propiciaron fue que se hicieran mas visibles las diferencias entre los métodos de lucha impulsados por la dirigencia magisterial y la APPO.
Hechos como la destrucción e incendio del auditorio Guelaguetza por parte de un enardecido grupo de jóvenes encapuchados, el asalto a un cuartel de policía y el secuestro de un jefe policíaco , todos suscitados durante el mes de julio, evidenciaron que ya para entonces los sectores mas duros de la APPO.
No solamente estaban dispuestos a rebasar los acuerdos surgidos de las asambleas sino a tomar el control del movimiento y a radicalizarlo, como efectivamente ocurriría en los siguientes meses8.
Pero esta misma estrategia de choque y la desobediencia al acuerdo de la APPO para no usar capuchas le permitiría al gobierno del estado infiltrar a grupos de provocadores que desde entonces se empeñaron en fomentar acciones violentas para desprestigiar a la APPO , lanzar una controfensiva mediática que incluyó la operación clandestina de una radiodifusora (“Radio Ciudadana “) y para alentar la formación de grupos parapolicíacos que se encargarían de agudizar el clima de ingobernabilidad y vacío de autoridad que se vivió en Oaxaca . Con ese mismo propósito desde el gobierno federal se “filtraría” a los medios de información nacionales los millonarios recursos que “en sexenios anteriores” (al de URO) habían recibido algunas de las organizaciones con mayor influencia en la APPO como el FPR, el Consejo Indígena Popular Oaxaqueño, el Frente Amplio de Lucha Popular y la Organización Indígena de Derechos Humanos de Oaxaca.9
Pero la misma coyuntura ya le había abierto las puertas a algunos grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y sobre todo al Ejército Popular Revolucionario.
En uno de sus primeros comunicados éste último no solamente reconoció abiertamente su participación en el movimiento sino criticó algunas acciones de la APPO invitando a su dirigencia a evitar “que los esfuerzos de esta amplia alianza se diluya con el divisionismo entre la APPO y la sección 22… y ( para que no) prospere el neoportunismo que se encuentra agazapado a la caza de prebendas y reconocimientos”, aludiendo indirectamente en éstas dos últimas líneas a organizaciones como Nueva Izquierda Oaxaqueña, filial del PRD, dirigida por Flavio Sosa, y al Frente Amplio de Lucha Popular, ambas caracterizadas en el pasado por sus pactos y negociaciones con el gobierno del estado 10.
Raymundo Riva Palacio, columnista político de El Universal, escribió por esos días de combate callejero lo siguiente: “En Oaxaca hay grupos de todo tipo y cuadros que saben utilizar las armas y que han desarrollado en la capital un centro de entrenamiento real para acciones guerrilleras. No es el movimiento armado lo que domina a Oaxaca, pero sí hay células del EPR que animan la insurrección…” Y concluía: La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, cabeza visible de la oposición a Ruiz, está desbordada y no hay pleno control de las bases” 11
Meses después el escritor y especialista en el estudio de los grupos armados en México, Carlos Montemayor, escribiría que “fue tema de dominio público la participación del EPR en el proceso de confrontación social oaxaqueño protagonizado por la APPO en 2006.” Pero, aclaró, “la presunta intervención se circunscribió a la aportación de cuadros civiles o de bases sociales, no de comandos armados.” 12
El control de la XEUBJ, Radio Universidad, propiedad de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, y de las radiodifusoras comerciales, así como de las decenas de barricadas instaladas en el centro histórico y en buena parte de la ciudad de Oaxaca, se convirtieron en nuevos factores de discordia entre las organizaciones que se disputaban el control de la APPO y la conducción del movimiento.
Tomadas y resguardadas día y noche por activistas de la UTE, del FPR , de la UJR, y siempre apoyados logísticamente por sus aliados de San Salvador Atenco y del Frente Popular Francisco Villa del DF, las radiodifusoras se convirtieron muy pronto no solamente en el instrumento propagandístico del movimiento y en el vaso comunicante entre la APPO y la población marginada y explotada, sino en un instrumento para censurar voces disidentes, alentar el linchamiento de sus opositores 13 y adoctrinar a los miles de radioescuchas con música sesentaiochera y manuales stalinistas y maoístas.
Fue ese el conducto para intentar abortar las negociaciones establecidas desde el mes de septiembre entre la Secretaría de Gobernación y la dirigencia de la sección 22 del SNTE orientadas a resolver su pliego petitorio y, en consecuencia, a levantar su paro de actividades escolares en todo el estado y el plantón masivo instalado en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca.
Fue por ese medio que de manera insistente acusaron de traidor y vendido a Enrique Rueda Pacheco una vez que la Asamblea Estatal del magisterio acordara por mayoría de votos en el mes de octubre el reinicio de clases, acusaciones que estuvieron acompañadas de acciones intimidatorias y de provocación por parte de activistas de la UTE y del FPR para intentar abortar el proceso de consulta a las bases magisteriales y desconocer sus resultados.
Una ruta similar se siguió con las barricadas: se concibieron e instrumentaron como un mecanismo de contención a los intermitentes ataques realizados por bandas de porros y grupos parapolicíacos en contra de los grupos que resguardaban los edificios públicos y las estaciones de radio, pero luego fueron utilizados por diversos grupos de appistas y no appistas –incluyendo en algunos casos a jóvenes delincuentes- como un medio para delimitar sus áreas de control e influencia, en una especie de territorios liberados del control de toda autoridad oficial y con reglas como el “toque de queda” a partir de las 10 de la noche que afectaron drásticamente la actividad económica y la vida cotidiana de miles de transeúntes y habitantes de la ciudad capital .
Constituidos en factores reales de poder para actuar y tomar decisiones en cualquier momento aun contra los acuerdos emanados de las asambleas de la APPO, los llamados barricaderos, junto con los grupos mas radicales, terminarían por constituirse en un elemento decisivo para el desenlace violento de las megamarchas del 20 y 25 de noviembre, porque fue de las barricadas de donde se nutrieron los contingentes de jóvenes encapuchados que encabezaron los enfrentamientos con la Policía Federal Preventiva en esas dos fechas.
“Después de marchar 20 kilómetros desde la casa oficial de gobierno al Zócalo con la finalidad de cercar a las fuerzas federales, jóvenes anarquistas, estudiantes universitarios y colonos rebeldes iniciaron una batalla…”, escribieron al día siguiente de los violentos sucesos del 25 de noviembre los enviados del diario Milenio.(subrayado nuestro) 14
Una multitudinaria manifestación que la dirigencia de la APPO había anticipado que sería pacífica, pero que de acuerdo a los testimonios recogidos por los periodistas del mismo diario incluía la toma del palacio de gobierno que precisamente se encontraba en el área resguardada por la PFP, fue rebasada por sectores que tanto las autoridades del gobierno del estado como del gobierno federal identificaron como integrantes del Frente Popular Revolucionario, Consejo General de Huelga de la UNAM y activistas de San Salvador Atenco. 15
Y después del enfrentamiento, del pillaje, del incendio de automóviles, autobuses y de las oficinas del Tribunal Superior de Justicia y del ambiente de miedo y terror escenificado ese 25 de noviembre en el centro histórico de la ciudad capital sobrevino la desbandada, el contraataque feroz y sin miramientos de la PFP y la detención de decenas de activistas y transeúntes.
El ciclo ascendente y ofensivo de la APPO había llegado a su fin así como la propia viabilidad para mantener como demanda “irrenunciable y no negociable” la caída de Ulises Ruiz Ortiz.
En los meses que siguieron sus luchas estarían signadas por la liberación de sus presos, la investigación de más de una decena de crímenes no esclarecidos y la denuncia de violación a los derechos humanos.

PRESIONES Y NEGOCIACIONES.
Si durante los tres primeros meses del conflicto, tanto la APPO como la sección 22 del SNTE, pese a las diferencias ya señaladas, marcharon juntos y se negaron reiteradamente a establecer acuerdos con la Secretaría de Gobernación si antes no se les entregaba la cabeza de URO, después el escenario se fue modificando ante la disposición del gobierno federal de ceder a todas las pretensiones económicas y políticas del magisterio, con excepción de la salida de URO de la gubernatura de Oaxaca.
Como ya se ha señalado, por su fuerza numérica, liderazgo político y capacidad organizativa fueron los maestros de la sección 22 del SNTE quienes se constituyeron de facto en la columna vertebral de la APPO y del movimiento social. Por eso mismo fueron sus dirigentes los que asumieron el papel de interlocutores inmediatos del gobierno federal y en el enlace con otros actores sociales y políticos a nivel estatal y nacional. Sin embargo a medida que la base social de la APPO se fue ampliando y las diferencias internas se agudizaron, se abrió paso a la participación y al liderazgo de otros actores.
Contra toda lógica política, ni la derrota electoral de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial , ni el reconocimiento del triunfo de Felipe Calderón por parte del PRI, PVEM, PSD y Alianza Social , ni tampoco la reconfiguración de pactos y alianzas políticas que a partir de ese momento se instrumentaron con otros sectores sociales, políticos y económicos a nivel estatal y nacional, fueron analizados por la APPO para modificar su estrategia rupturista, promovida especialmente por su ala dura y las corrientes radicales de la sección 22 del SNTE.
Estos sectores perdieron de vista que a partir de ese momento el PRI y sus gobernadores habían decidido reconocer el triunfo del candidato del PAN a cambio de que, entre otras concesiones, se sostuviera a Ulises Ruiz en la gubernatura de Oaxaca.
No obstante tuvieron que transcurrir todavía los meses de agosto y septiembre para que el gobierno federal agotara sus opciones de una salida política al conflicto.
Con 30 mil 266 votos a favor y 9 mil 476 en contra, el magisterio rechazaría en la segunda semana de septiembre el ofrecimiento que les hiciera la Secretaría de Gobernación para resolver el conflicto. Y la misma postura asumió la APPO. 1
La propuesta oficial incluía, entre otros puntos, la aportación de 150 millones de pesos para “mejorar los ingresos los integrantes de la sección 22” y un paquete de reformas constitucionales en materia electoral y transparencia así como en derechos humanos, justicia, desarrollo de los pueblos indígenas y educación.” 2.
Al fracasar en este nuevo intento de negociación y frente a los riesgos de que el fenómeno oaxaqueño irradiara a otros estados del sur y sureste del país, el gobierno federal decidió entonces, con la intervención del presidente electo Felipe Calderón, asumir los riesgos de una solución de fuerza que debía, previamente, separar a la sección 22 del SNTE de la APPO.
Por eso, el gobierno de Fox, con el apoyo del PAN y del PRI, y el visto bueno de Felipe Calderón, tomó la determinación de aplicar todo el poder del Estado para sentar en la mesa de negociaciones a la dirigencia magisterial y, paralelamente, amagar a la APPO con la intervención de la PFP si no mostraban disposición y voluntad para resolver el conflicto.
El Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, fue muy claro cuando anticipó que “en Oaxaca se restablecerá el orden en breve. Todo tiene un límite, evidentemente ese límite está ya muy cerca”, dijo en entrevista con medios nacionales, en los últimos días de septiembre. 3

Bajo esas nuevas condiciones entre los meses de octubre y noviembre, los dirigentes de la sección 22 del SNTE aceptaron negociar por separado su pliego petitorio con la Secretaría de Gobernación para obtener, como nunca en su historia, un arreglo altamente satisfactorio para el gremio magisterial.
De acuerdo a la minuta de acuerdos suscrita el 28 de octubre por el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Arturo Chávez Chávez, y el Secretario General del Comité Ejecutivo de la sección 22 del SNTE, Enrique Rueda, la demanda de rezonificación fue resuelta en los siguientes términos:
“…utilizando el 1.5 correspondiente a prestaciones y con un esfuerzo adicional se crea una bolsa para el año 2006 por el concepto de rezonificación (RZ) por 175 millones de pesos (280 millones de pesos anualizados).
“Asimismo, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública en acuerdo con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, compromete un esfuerzo por los próximos 6 años para alcanzar la rezonificación de Oaxaca que lleve a todos los trabajadores de la educación a la zona económica III. Este esfuerzo representaría para Oaxaca un incremento de más de mil millones de pesos. Mismo que se concretará en incrementos equivalentes a una sexta parte por cada uno de los próximos seis años. Este planteamiento que es de largo plazo, será revisado con el nuevo equipo de (la) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Gobernación para concretarlo”.
Con la firma de “enterado” del Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal, en la minuta de acuerdos se establecieron, además, los siguientes compromisos:
- Aprobar 500 plazas del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación en tanto que el gobierno del estado destinaría 2 millones de pesos.
- Autorizar al IEEPO la erogación de 6 millones de pesos para incrementar el techo financiero del Comité de Préstamos Personales (CAPP) de 11 a 17 millones de pesos para el 2006.
- Destinar, a través del IEEPO, la cantidad de 4 millones de pesos para el Fideicomiso de Programa de Vivienda del Magisterio.
- Destinar, a través del IEEPO, la cantidad de un millón de pesos para la Casa del Maestro.
El gobierno federal satisfizo también las demandas de incremento de uniformes escolares, becas para los hijos de los trabajadores sindicalizados, dotación de calzado a alumnos residentes en municipios marginados y la aportación de 155 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa de todos los niveles, dejando pendiente o sometiendo a trámites de otras instancias el reclamo de la entrega en propiedad del Hotel Marlin ubicado en Bahías de Huatulco y el reconocimiento de Radio Plantón.4
Por separado, un día antes la representación del gobierno federal y de la sección 22 del SNTE habían suscrito otra minuta de acuerdos políticos para comprometerse liberar durante el mes de noviembre a Erangelio Mendoza González –ex dirigente magisterial-, Germán Mendoza Nube , Ramiro Aragón Pérez y Catarino Torres Pereda ; cancelar órdenes de aprehensión y averiguaciones previas “integradas y libradas del 22 de mayo a la fecha” ; garantizar la seguridad física de los maestros al retornar a sus comunidades; gestionar la entrega de las instalaciones educativas “tomadas por personas ajenas a las instituciones” y cubrir el pago de todas las quincenas retenidas al gremio magisterial. 5
Aun cuando algunos de los acuerdos pactados - sobre todo en la minuta del 27 de octubre- no se cumplieron en tiempo y forma y en otros casos la nueva administración federal pretendió ignorarlos, lo cierto es que por vez primera en sus 25 años de movilizaciones y lucha sindical la sección 22 del SNTE había obtenido la solución a prácticamente todo su pliego petitorio.
No ocurriría lo mismo con la APPO cuyos dirigencia, ya sin la cobertura del sector magisterial -que todavía se siguió expresando pero en forma notablemente disminuida a través de los activistas de algunas corrientes sindicales- no alcanzó a valorar los riesgos de continuar radicalizando un movimiento cuando ya desde el gobierno federal se había tomado la decisión de iniciar la cuenta regresiva.

CONCLUSIONES
El amplio movimiento social y político desarrollado en Oaxaca durante 7 meses fue un factor determinante para que los trabajadores de la educación de la sección 22 del SNTE pudieran obtener respuestas altamente favorables a prácticamente todo su pliego petitorio. En sus 25 años de lucha nunca habían conseguido logros como en ésta ocasión, sin embargo, también es cierto que como nunca antes su independencia y autonomía sindical fueron puestos a prueba.
Por paradójico que resulte, su integración a la APPO la fortaleció políticamente para hacer frente al gobierno del estado, pero se constituyó en su principal debilidad a la hora de negociar sus demandas con el gobierno federal. Sometidos a fuertes presiones laborales y políticas por parte del gobierno federal y estatal así como por autoridades municipales, empresarios, padres de familia y por los mismos sectores populares que apoyaban su lucha pero que no estaban dispuestos a sacrificar a sus hijos con la pérdida del ciclo escolar, la mayoría de los maestros de las siete regiones de Oaxaca terminaron por modificar sus estrategias de lucha y optar por la negociación de su pliego petitorio y el retorno a clases sin claudicar en la exigencia de la renuncia de URO. Estos factores adversos no lo vieron -y si lo vieron no lo quisieron reconocer- las corrientes sindicales mas radicales de la sección 22 del SNTE y tampoco las expresiones igualmente duras de la APPO que por múltiples medios pretendieron evitar el retorno a clases, convencidos como estaban de que formaba parte de una estrategia gubernamental para debilitar al movimiento y negociar bajo otros términos y condiciones las demandas políticas de la APPO.
Con todo, al final la mayoría de los maestros terminarían por retornar a sus centros de trabajo para concluir, por lo menos formalmente, el ciclo escolar que prácticamente se había perdido, mientras que el resto de las organizaciones de la APPO, cada vez mas sometidas a una dinámica de confrontación y violencia con los cuerpos policíacos, continuarían radicalizando sus protestas y movilizaciones hasta el desenlace del 25 de noviembre, fecha que marcó el fin de la etapa de ascenso del movimiento popular y el principio de la reinstauración del viejo orden institucional.
En la derrota del movimiento y el debilitamiento de la APPO habían confluído sin duda, varios factores de orden interno y externo, entre los que destacamos los siguientes:
1) El desenlace de la elección presidencial del 2 de julio y la alianza establecida entre el PRI y el PAN .
Sin duda, esta factor tuvo un gran peso en la postura del gobierno federal pues si inicialmente el PAN y el gobierno del Presidente Vicente Fox le había apostado a la agudización del conflicto con la meta de obtener ventajas electorales y , de paso, cobrarle viejas facturas al madracismo en el estado de Oaxaca, sus prioridades se modificaron una vez que su candidato presidencial Felipe Calderón ganó la elección y que el candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, no reconoció. Bajo ese nuevo escenario el PRI encontraría la oportunidad de negociar, entre otros puntos, la permanencia del gobernador Ulises Ruiz a cambio del reconocimiento del cuestionado triunfo del candidato panista. Se hizo evidente, entonces, que con la derrota de Andrés Manuel López Obrador y el triunfo de Calderón se reconfiguraron proyectos y alianzas partidistas a nivel nacional y que para el caso de Oaxaca incidió en forma determinante para frenar en el Congreso federal la demanda de juicio político y de desaparición de poderes promovida por el PRD a instancias de la APPO.
2) Una incorrecta valoración de las coyunturas políticas.
Uno de los factores que impidieron a la dirigencia de la APPO valorar correcta y oportunamente las coyunturas políticas que se presentaron a nivel nacional y estatal fue el carácter espontaneísta del movimiento, el asambleísmo, las disputas internas y la notable ausencia de líderes y cuadros políticos con capacidad para analizar objetiva y críticamente el desarrollo y los altibajos del conflicto. A lo anterior se sumaron también el sectarismo y la intolerancia de un sector de su dirigentes que confiados en sus propias fuerzas y en su capacidad para obligar al Estado a destituir a URO, no solamente rechazaron todas las salidas políticas propuestas por la Secretaría de Gobernación para resolver de fondo el conflicto sino que rechazaron la inclusión y el apoyo de otros sectores y grupos sociales y políticos que reclamaron su derecho a ser escuchados y a criticar los errores de conducción del movimiento .
Eso, por supuesto, influyó para que, por ejemplo, no se capitalizaran las evidentes diferencias y contradicciones observadas entre el gobierno foxista y el gobierno de Ulises Ruiz, diferencias heredadas por el muratismo y que en esta coyuntura el foxismo las cobró prolongando la solución del conflicto y alentando la caída de URO por la vía del poder legislativo. Esas contradicciones permiten también entender el papel jugado por algunos medios de información nacionales para magnificar las acciones de la APPO así como la insistencia de la Secretaría de Gobernación para, primero, intentar la renuncia del gobernador por la vía del Senado y luego para buscarle salidas políticas al conflicto; o las mesas de diálogo instaladas en Bucareli que prácticamente fueron desdeñadas por la dirigencia de la APPO y que, en cambio, le sirvieron a la dirigencia de la sección 22 del SNTE para negociar sus demandas y pactar su retiro de las movilizaciones.
3) Los riesgos de regionalización del conflicto y su desbordamiento por parte de grupos radicales.
Cuando a finales de octubre la sección 22 del SNTE decidió levantar su paro de labores y plantón instalado en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, la APPO tuvo todavía la oportunidad de tomarle la palabra al gobierno federal y negociar la firma de un pacto social y político para ciudadanizar el quehacer político de los oaxaqueños y democratizar sus instituciones. No ocurrió de esa manera y sí en cambio los grupos mas radicales que ya para entonces tenían de facto el control de la APPO le apostaron a la agudización del conflicto impidiendo físicamente que la PFP retirara las barricadas como se había ya pactado con la dirigencia de la sección 22 del SNTE e incitando a la población a cercar a los contingentes de la PFP que resguardaban el centro histórico. Pero, por otro lado, también se alentó la formación de agrupaciones similares a la APPO en otros estados. Esto y la presencia cada vez notoria de activistas identificados como cuadros del EPR en los contingentes que protagonizaron los enfrentamientos con la PFP dieron la pauta para el endurecimiento del gobierno federal y el desmantelamiento de la APPO, instrumentada conjutamente por los gobiernos federal y estatal a partir de los violentos sucesos ocurridos el 25 de noviembre.
A partir de entonces se inició una etapa en Oaxaca caracterizada por el repliegue táctico del movimiento social, la represión hacia los dirigentes de la APPO y el reposicionamiento político del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

NOTAS
ANTECEDENTES
_1/ Para un conocimiento general sobre los movimientos estudiantiles y sociales de esta etapa pueden consultarse los siguientes trabajos: Ruiz Cervantes, Francisco José, Oaxaca, una lucha reciente; Basáñez E. Miguel (coordinador), La composición del poder, México, INAP-UNAM, 1987; Yescas Martínez, Isidoro, “La Coalición Obrero-Campesino Estudiantil de Oaxaca: 1972-1974”, en Sociedad y Política en Oaxaca 1980,15 estudios de caso ( Raúl Benítez Zenteno, compilador), Barcelona, España, Icaria Editorial, 1982, pp.289-308; “Oaxaca: la crisis de 1977”, ibídem, pp.309-330; Yescas, Isidoro, Los Desengañados de la Tierra, Oaxaca, IISUABJO,1989.
_2/ Sobre los orígenes y las causas de la caída del gobernador Manuel Mayoral Heredia puede consultarse a Martínez López, Felipe, “El movimiento oaxaqueño de 1952”, en Sociedad y Política en Oaxaca, 15 estudios de caso, Op. Cit. pp. 271-287.

_3/ Veáse Yescas, Isidoro y Zafra, Gloria, La Insurgencia Magisterial en Oaxaca 1980, Oaxaca, IEEPO-UABJO, segunda edición, 2006.
_4/ Todo lo relacionado sobre las elecciones por usos y costumbres en Oaxaca puede consultarse en Velásquez, María Cristina, El nombramiento, Oaxaca, Instituto Estatal Electoral, 2000.
5_/ Yescas Martínez, Isidoro, “1998-2004: sucesiones y confrontaciones en el priísmo oaxaqueño”, en Voces de la Transición en Oaxaca (Claudio Sánchez, compilador), Oaxaca, Carteles Editores, pp. 43-56.

LA RUTA CRÍTICA DEL MAGISTERIO
_1/ Entrevista con Joel Vicente Cortés, exdirigente magisterial, julio del 2006.
_2/ Minuta de acuerdo firmada entre el gobierno del estado y la sección 22 del SNTE, Oaxaca, fotocopia, 28 de octubre de 1992.
_3/ El 7 de febrero del 2002 la sección 22 del SNTE promovió la formación del Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas de Oaxaca (FSODO) constituido por una decena de organizaciones en su mayoría secciones sindicales del sector salud (IMSS, ISSSTE, SSA), y por los sindicatos de Trabajadores y Empleados de la UABJO y de Caminos y Aeropistas de Oaxaca; en el mismo Frente fueron incluidos organismos políticos como Nueva Democracia y el Partido Obrero Socialista, de orientación trotskista. Para mayor información puede consultare la página de Internet: www.sección 22snte.org.mx/fsodo.
_4/ Veáse El Imparcial, Oaxaca, noviembre 10 del 2005 y “Sección 22 del magisterio, degradación sin límite”, en revista En Marcha, Oaxaca, No. 78, noviembre de 2005.
_5/ Para un conocimiento más amplio sobre esta etapa del movimiento magisterial y los inicios de la crisis de gobernabilidad en Oaxaca puede consultarse Vicente Cortés, Joel (coordinador), Educación, Sindicalismo y Gobernabilidad en Oaxaca, México, SNTE, 2006.
_6/ Pliego Petitorio de la sección 22 del SNTE presentada al gobierno del estado, Oaxaca, mayo primero del 2006 (fotocopia)
_7/ ibídem.
_8/ Memoria del Primer Congreso Político de la sección 22 del SNTE, Oaxaca, abril, 2006.
_9/ Manifiesto “FSODO y Promotora, declaración política”, en Noticias, Oaxaca, junio 7 del 2006.
_10/ Noticias, Oaxaca, junio 8 del 2006.
_11/ “Si nos reprimen, nos levantaremos en armas”, entrevista a Enrique Rueda Pacheco, Milenio, México, junio 12 del 2006.
_12/ “Respalda EPR a la lucha magisterial y popular”, en Noticias, Oaxaca, junio 13 del 2006.

LA APPO: PACIFISTAS O REVOLUCIONARIOS.
_1/ Hoja volante, Oaxaca, junio 5 del 2006.
_2/ Hoja volante, Oaxaca, junio 8 del 2006.
_3/ Propuesta de la sección XXII del SNTE –CNTE de documento central para la constitución de la APPO, fotocopia, junio 17 de 2006.
_4/ Osorno, Diego, Oaxaca Sitiada, la primera insurrección del siglo XXI, México, Grijalbo, 2007. pp.126-127.
_5/ Osorno, Diego, ibídem. , p. 130.
_6/ Ibídem, p.137.
_7 / Noticias, julio 7 del 2006.
_8/ “En Oaxaca se imponen los radicales de la APPO”, en Milenio, septiembre 23 del 2006.
_9/ “Líderes de la APPO recibían $ 400 millones. Un documento del gobierno federal señala que entre los líderes de la APPO hay asaltabancos e invasores de tierras y resalta sus ligas con el EPR y grupos radicales”, en Milenio, septiembre 19 del 2006.
_10/ Comunicado del EPR, julio 13 del 2006.
_11/ Riva Palacio, Raymundo, “¿Quién pondrá los muertos”, en Estrictamente Personal. El Universal, septiembre 27 de 2006.
_12/”EPR”, por Carlos Montemayor, en La Jornada, julio 15 del 2007.
_13/ A principios de noviembre se publicó y difundió una “lista negra” atribuida a la APPO con los nombres de más de 20 establecimientos comerciales de capital trasnacional que debían ser boicoteados. Algunas de estas negociaciones sufrieron asaltos y atentados. Tiempo, noviembre 13 del 2006.
_14/ Milenio, 26 de noviembre del 2006.Nota de Diego E. Osorno, Oscar Rodríguez y Omar Sánchez.
_15/ “La rebelión del arrabal”, por Diego Osorno, en Milenio, noviembre 28 del 2006

PRESIONES Y NEGOCIACIONES.
_1/ La Jornada, 14 de septiembre del 2006.
_2/ La Jornada, 9 de septiembre del 2006.
_3/ La Jornada, 30 de septiembre del 2006.
_4/ Acuerdo suscrito en la Secretaría de Gobernación entre el Subsecretario Arturo Chávez y el Secretario General del Comité Ejecutivo de la sección 22 del SNTE, Enrique Rueda Pacheco, fotocopia, México, 28 de octubre del 2006.
_5/ Acuerdos suscritos entre la Secretaría de Gobernación y la sección 22 del SNTE para definir los términos del el regreso a clases, fotocopia, México, 27 de octubre del 2006.

Publicado en:
Revista Cuadernos del Sur, Oaxaca, CIESAS-INAH-UABJO, 2008.