TRIQUIS: ENTRE LA INDOLENCIA OFICIAL Y EL CLIENTELISMO INDIGENISTA.
Isidoro Yescas (IISUABJO)
En el entorno de la disputa por la gubernatura se empiezan a encadenar una serie de acontecimientos , en apariencia aislados, que si los autoridades gubernamentales no los investigan y aclaran, y los actores políticos no actúan con responsabilidad y prudencia, pueden poner en riesgo no solamente el desarrollo pacífico de las campañas electorales y la elección misma, sin también la gobernabilidad de Oaxaca.
Parecería que, mas allá de los partidos políticos y los candidatos a la gubernatura, existen grupos de poder y fuerzas políticas a nivel regional y nacional interesados en sobrecalentar el ambiente electoral si no es que en descarrilarlo.
La creciente ola delictiva y de narcoviolencia que se viene registrando en la región de la Cuenca, y de manera especial en la ciudad de Tuxtepec, hay que analizarlo en ese contexto.
Y, en forma inevitable, también lo que acaba de ocurrir en San Juan Copala, una pequeña pero emblemática agencia municipal perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región triqui.
El referente mas inmediato para intentar explicar este complejo fenómeno de violencia y conflicto social demasiado recurrente que se ha vivido y vive en la región triqui
es la disputa por el control político de los indígenas y sus agencias, localidades y rancherías por parte de tres organizaciones clientelares: el MULT,cuyo brazo electoral es el partido local Unidad Popular; el MULTI, filial de la APPO y con vínculos con La Otra Campaña, y la UBISORT, integradas al PRI .
Sin embargo, el clima de impunidad, asesinatos y ausencia total de un estado de derecho que por décadas ha prevalecido en la región, también deben explicarse a partir de la propia cultura, pobreza, analfabetismo y aislamiento geográfico de los pueblos triquis, por un lado; y a la ausencia de políticas públicas de largo alcance de los gobiernos federal y estatal para pacificar la región y mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.
El MULT, MULTI y la UBISORT que hoy se rasgan las vestiduras y se entrecruzan acusaciones y responsabilidades por el lamentable asesinato de dos activistas de organismos civiles,un de ellos de origen finlandés, no siempre han sido ajenos a los ajustes de cuentas personales, “ajusticiamientos” y vendettas que se vienen registrando en la zona. Conociendo muy bien los códigos de conducta de los triquis, que suelen ignorar a las instituciones responsables de impartir justicia para reparar agravios personales, familiares y políticos, los dirigentes de estas organizaciones de indígenas triquis han sido negligentes si no es que omisos en buscar salidas pactadas e institucionales para frenar esta ola de violencia interétnica.
Pero mayor ha sido la responsabilidad de los tres poderes del Estado, en sus niveles federal y estatal, para atender un asunto que no por ancestral y complicado debiera ser olvidado o solo atendido parcialmente en circunstancias críticas como el que ahora se enfrenta. La presencia de grupos armados, el tráfico de armas y el cultivo de enervantes son delitos federales que han sido combativos tangencialmente por el gobierno federal. Pero la misma indolencia han mostrado los gobiernos priístas de Oaxaca que hasta ahora han sido incapaces de coordinarse con el gobierno federal para enfrentar el problema y aplicar políticas públicas orientadas a abatir la violencia, la marginación y la nociva costumbre de hacerse justicia por propia mano.
Hoy, el costo de esta negligencia oficial está a la vista: en menos de 72 horas las repercusiones de la emboscada y los dos asesinatos han escalado a nivel nacional e internacional y en donde lo mismo la CNDH, que la ONU, el gobierno de Finlandia, Amnistía Internacional, la sección 22 del SNTE y organismos defensores de los derechos humanos han alzado la voz para condenar los hechos, exigir su esclarecimiento y el castigo a los responsables.
A estas alturas , y en el contexto de estas reacciones, poco parecería importar si los responsables de la caravana informaron oficialmente de su viaje a Copala al gobierno federal o al de Oaxaca; o si, a pesar de las advertencias que ya habían recibido sobre el clima de inseguridad que prevalecía en la zona sus integrantes tomaron la determinación de correr el riesgo; o de la extraña presencia en la caravana onegenera del appista David Venegas (a) El Alebrije, señalado por grupos de la misma APPO de ser un provocador al servicio del gobierno del estado; o del papel que desde el 2007, cuando San Juan Copala fue declarado “municipio autónomo”, ha jugado Miguel Alvarez Gándara , intelectual orgánico del organismo civil Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), autodefinido como “actor de promoción de la paz” en Chiapas y México “desde una dinámica liberadora”.
Hoy lo que urge es investigar, aclarar los hechos, deslindar responsabilidades y ejercer la acción penal en contra de los autores de la emboscada y el doble asesinato.
Asimismo , si en verdad se pretende restablecer el orden y la legalidad es necesario que también la Procuraduría de Justicia revise y, en su caso ejecute, los cientos de órdenes de aprehensión que tiene archivados desde el sexenio de Heladio Ramírez López. Es por esta otra vía y no militarizando la zona como se pudiera avanzar en la pacificación regional.
De poco servirá la indignación y condena generalizada que ahora se ha levantado si todo queda en promesas oficiales de castigar a los responsables, o en el nombramiento de comisiones legislativas plurales que, como quedó demostrado con la que se integró en la legislatura local en el 2008, solo sirven para ganar tiempo y hacer declaraciones.
Dejarlo para otra ocasión, apagar temporalmente el fuego o darle un uso electoral solo puede dar pie, en el escenario del estallamiento de conflictos de diversa índole en varias regiones de la entidad, a un conflicto mayor que puede impactar severamente en el desarrollo del proceso electoral y en la gobernabilidad del estado.
Y el tiempo apremia.
isidoroyescas@yahoo.com.mx
sociedadypolitica1.blogspot.com
2 de mayo, 2010
En el entorno de la disputa por la gubernatura se empiezan a encadenar una serie de acontecimientos , en apariencia aislados, que si los autoridades gubernamentales no los investigan y aclaran, y los actores políticos no actúan con responsabilidad y prudencia, pueden poner en riesgo no solamente el desarrollo pacífico de las campañas electorales y la elección misma, sin también la gobernabilidad de Oaxaca.
Parecería que, mas allá de los partidos políticos y los candidatos a la gubernatura, existen grupos de poder y fuerzas políticas a nivel regional y nacional interesados en sobrecalentar el ambiente electoral si no es que en descarrilarlo.
La creciente ola delictiva y de narcoviolencia que se viene registrando en la región de la Cuenca, y de manera especial en la ciudad de Tuxtepec, hay que analizarlo en ese contexto.
Y, en forma inevitable, también lo que acaba de ocurrir en San Juan Copala, una pequeña pero emblemática agencia municipal perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región triqui.
El referente mas inmediato para intentar explicar este complejo fenómeno de violencia y conflicto social demasiado recurrente que se ha vivido y vive en la región triqui
es la disputa por el control político de los indígenas y sus agencias, localidades y rancherías por parte de tres organizaciones clientelares: el MULT,cuyo brazo electoral es el partido local Unidad Popular; el MULTI, filial de la APPO y con vínculos con La Otra Campaña, y la UBISORT, integradas al PRI .
Sin embargo, el clima de impunidad, asesinatos y ausencia total de un estado de derecho que por décadas ha prevalecido en la región, también deben explicarse a partir de la propia cultura, pobreza, analfabetismo y aislamiento geográfico de los pueblos triquis, por un lado; y a la ausencia de políticas públicas de largo alcance de los gobiernos federal y estatal para pacificar la región y mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.
El MULT, MULTI y la UBISORT que hoy se rasgan las vestiduras y se entrecruzan acusaciones y responsabilidades por el lamentable asesinato de dos activistas de organismos civiles,un de ellos de origen finlandés, no siempre han sido ajenos a los ajustes de cuentas personales, “ajusticiamientos” y vendettas que se vienen registrando en la zona. Conociendo muy bien los códigos de conducta de los triquis, que suelen ignorar a las instituciones responsables de impartir justicia para reparar agravios personales, familiares y políticos, los dirigentes de estas organizaciones de indígenas triquis han sido negligentes si no es que omisos en buscar salidas pactadas e institucionales para frenar esta ola de violencia interétnica.
Pero mayor ha sido la responsabilidad de los tres poderes del Estado, en sus niveles federal y estatal, para atender un asunto que no por ancestral y complicado debiera ser olvidado o solo atendido parcialmente en circunstancias críticas como el que ahora se enfrenta. La presencia de grupos armados, el tráfico de armas y el cultivo de enervantes son delitos federales que han sido combativos tangencialmente por el gobierno federal. Pero la misma indolencia han mostrado los gobiernos priístas de Oaxaca que hasta ahora han sido incapaces de coordinarse con el gobierno federal para enfrentar el problema y aplicar políticas públicas orientadas a abatir la violencia, la marginación y la nociva costumbre de hacerse justicia por propia mano.
Hoy, el costo de esta negligencia oficial está a la vista: en menos de 72 horas las repercusiones de la emboscada y los dos asesinatos han escalado a nivel nacional e internacional y en donde lo mismo la CNDH, que la ONU, el gobierno de Finlandia, Amnistía Internacional, la sección 22 del SNTE y organismos defensores de los derechos humanos han alzado la voz para condenar los hechos, exigir su esclarecimiento y el castigo a los responsables.
A estas alturas , y en el contexto de estas reacciones, poco parecería importar si los responsables de la caravana informaron oficialmente de su viaje a Copala al gobierno federal o al de Oaxaca; o si, a pesar de las advertencias que ya habían recibido sobre el clima de inseguridad que prevalecía en la zona sus integrantes tomaron la determinación de correr el riesgo; o de la extraña presencia en la caravana onegenera del appista David Venegas (a) El Alebrije, señalado por grupos de la misma APPO de ser un provocador al servicio del gobierno del estado; o del papel que desde el 2007, cuando San Juan Copala fue declarado “municipio autónomo”, ha jugado Miguel Alvarez Gándara , intelectual orgánico del organismo civil Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), autodefinido como “actor de promoción de la paz” en Chiapas y México “desde una dinámica liberadora”.
Hoy lo que urge es investigar, aclarar los hechos, deslindar responsabilidades y ejercer la acción penal en contra de los autores de la emboscada y el doble asesinato.
Asimismo , si en verdad se pretende restablecer el orden y la legalidad es necesario que también la Procuraduría de Justicia revise y, en su caso ejecute, los cientos de órdenes de aprehensión que tiene archivados desde el sexenio de Heladio Ramírez López. Es por esta otra vía y no militarizando la zona como se pudiera avanzar en la pacificación regional.
De poco servirá la indignación y condena generalizada que ahora se ha levantado si todo queda en promesas oficiales de castigar a los responsables, o en el nombramiento de comisiones legislativas plurales que, como quedó demostrado con la que se integró en la legislatura local en el 2008, solo sirven para ganar tiempo y hacer declaraciones.
Dejarlo para otra ocasión, apagar temporalmente el fuego o darle un uso electoral solo puede dar pie, en el escenario del estallamiento de conflictos de diversa índole en varias regiones de la entidad, a un conflicto mayor que puede impactar severamente en el desarrollo del proceso electoral y en la gobernabilidad del estado.
Y el tiempo apremia.
isidoroyescas@yahoo.com.mx
sociedadypolitica1.blogspot.com
2 de mayo, 2010
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